Conflicto Mapuche: un problema que trasciende fronteras
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Una foto vale más que mil palabras
San Martin de los Andes camión cisterna de Parques Nacionales
Vehículo oficial de dependencia del Estado Nacional, con la bandera que los representa... -
Hay una organización culpable de esto, y son los que tienen la batuta del país.
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Buenas noches
Si bien considero que el Poder Ejecutivo tiene la mayor responsabilidad con esto que está pasando. Creo que el Poder Legislativo también tiene su gran cuota de culpa. Ya que un tema delicado como este debería requerir de la interpelación del Sr. Ministro del Interior y del Sr. Ministro de Seguridad.
Por otro lado, la cesión de terrenos del Estado a cualquier particular, debería requerir de la aprobación del Congreso Nacional. Y no sólo de la decisión de un Instituto de bajísima reputación.Saludos
Juan Martin Pettigrew
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Una historiadora calificó como “asesinos, ladrones y usurpadores” al gen mapuche en Argentina
La profesora mendocina Andrea Greco contó cómo los indígenas de origen chileno tomaban tierras y asesinaban a los pueblos originarios argentinos que defendían su lugar. La “operación política” del INAI para forzar la autopercepción
El gen mapuche de la violencia fue tema de debate por parte de la historiadora mendocina Andrea Greco, quien habló con Infobae y explicó los vericuetos de la autopercepción de este pueblo originario, su llegada a la Argentina, como así también el vínculo histórico con las recientes tomas y entregas de tierras.
Al resonado caso de Villa Mascardi se suma el de la provincia de Mendoza que se presentó ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para intentar revertir las resoluciones con las que el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, le entregó terrenos a diferentes comunidades mapuches. Esto incluyó marchas y protestas por parte de productores agropecuarios y vecinos.
Por empezar, basada en los relatos del primigenio historiador argentino Pedro de Angelis (Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata), Greco sostiene que los mapuches nunca fueron de Argentina, sino de Chile. “Jamás deberían reclamar las tierras patagónicas como propias ya que no deberían considerarse como pueblos originarios porque no estaban afincados allí antes de la llegada de los españoles”, sostiene la profesora de Historia Regional que trabaja en dos profesorados en San Rafael.
Miembro de dos equipos de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, ella toma como referencia obras del doctor en antropología José Manuel Zavala Cepeda (Parlamentos Hispano mapuches y Relaciones interétnicas e identidad mapuche), para afirmar que el término mapuche no era el más usado en épocas de la conquista española. “No es de origen hispánico (en relación a reche) sino araucano, hay una continuidad en términos socioculturales que se llamaban araucanos y los que se llamaban mapuches. Los términos que ellos han elegido para autodeterminarse tiene un origen chileno”, sostiene.Greco vive en San Rafael, Mendoza, provincia como tierra originaria de indios huarpes, al norte y, hacia el sur, de puelches y pehuenches, quienes sí estuvieron en conflicto con el pueblo mapuche. “El sur de Mendoza, más allá del siglo XIX, fue zona de paso de los mapuches, pero sin establecerse en ningún sitio dentro de este territorio. Ellos tienen un origen chileno, del otro lado de la cordillera, como un pueblo sedentario que habitaban las zonas bajas de la región de la Araucanía: no eran un pueblo cordillerano como muchos creen”, expresó la ex miembro del Centro de Edición de Textos Hispanoamericanos (CETH).
Según la especialista, los mapuches tuvieron estirpe invasora en Argentina, ya que entraron en conflicto con las otras poblaciones, de oeste a este, en dirección desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires y luego hacia el norte y sur en dirección a Mendoza y Río Negro, respectivamente.
Un caso de la invasión mapuche fue desde el minuto cero de la fundación de San Rafael (Mendoza), en abril de 1805. La historiadora recordó que. por entonces, se realizó un parlamento con los caciques puelches y pehuenches de la zona, los que se consideran con derechos a ocupar el terreno. “Allí ellos ceden el terreno a los españoles para defenderlo de los enemigos, que son los mapuches. Arman un fuerte para evitar que estos indígenas ataquen los pasos cordilleranos y, de paso, se aseguraban ante los hispanos priorizar la ocupación de esas tierras”.
Otro de los mojones de este sangriento perfil ocurrió en 1825, donde hubo una matanza de pehuenches por parte de los mapuches. “Fue un ataque por venganza hacia los pueblos originarios, comandada por el Cacique Anteñir que cruzó la cordillera con 5000 indígenas y atacaron a los pehuenches provocando una enorme mortandad. Solo se salvaron alrededor de 1000, que pudieron huir”, agregó Greco. Y dilucidó la confusión pehuenche-mapuche. “Los primeros adoptaron la lengua mapudungún, pero no dejaron de ser un pueblo autónomo y ejercer el control de los pasos cordilleranos, no se consideraban mapuches”, argumentó.
A pesar del triunfo en la avanzada territorial, según la historiadora, los mapuches no se establecieron en Mendoza, pero sí al sur del Río Colorado, entre el sur de la Pampa y la provincia de Río Negro. “Allí es donde se dedicaban al robo de ganado debido a que se encuentran con una geografía distinta a la chilena, menos fértil y árida, lo que los llevó al abigeato”, expresó la historiadora.
Y por estos hechos, entre otros, sostiene su tesis: “en Argentina los mapuches fueron asesinos, ladrones y usurpadores, desde que se pusieron en pie de guerra”, indicó la historiadora. Pero originariamente, en Chile, por su carácter sedentario -en donde cultivaban la tierra chilena- este pueblo no tenía esa estirpe luchadora.
“Hasta que empezaron la guerra del Arauco contra los españoles y se volvieron guerreros contra los otros pueblos originarios que se oponían a su predominio y a sus negocios de robo y venta de ganado”, agregó la especialista que trabajó en el Instituto de investigaciones en Derecho Civil de la Universidad de Mendoza con sede en San Rafael.
La autopercepción mapuchePara Greco esto es una “operación política” fomentada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ya que, según ella, no se está dando una correcta aplicación a la ley 6.086 (noviembre de 1993), conocida como ley de arraigo (Promoción y arraigo de puesteros en tierras no irrigadas de la provincia).
“Esta ley fue reformada en 2020 y, a fines del año pasado, se formó el Consejo de Arraigo que es el organismo que debe recibir los reclamos de los puesteros y el INAI ha forzado esto”. Para Greco, la “orquestación” a través de este organismo tiene relación con las tomas recientes de Villa Mascardi. “Y también con la protección que se le dio a Facundo Jones Huala”, sostuvo.
La ley es integrar a la producción de Mendoza las actividades del pueblo originario. Que en la provincia cuyana haya comunidades que se autoproclamen mapuches, según ella, es reciente. Y, por último, cita el caso de Eliseo Parada: “un puestero al que le dijeron que forme parte de una comunidad mapuche”. En casos como este, ella afirma la intención política detrás de estos reclamos de tierras. “No es necesario inventar una identidad que uno no tiene, con la ley de arraigo un puestero puede reclamar legítimamente. La injusticia se repara con justicia, no con mentiras”, cerró la académica.
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@marcoaurelio Gracias por compartir!
Muy buen informe de Andrea Greco.Una clara muestra que el gobierno a través del INAI traiciona la patria.
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Bueno, es hora de poner fin a las rencillas y posteo sobre política e ideología. Los post que consideramos políticos e ideológicos serán eliminados por OT y el forista expulsado. Es la última advertencia .
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El Ejército Argentino denunció otra vez a una comunidad mapuche por usurpar tierras cerca de Bariloche
El predio en conflicto abarca 170 hectáreas ubicadas en Virgen de las Nieves, a 9 kilómetros del centro de Bariloche
En el marco de un conflicto histórico, el Ejército Argentino denunció ante la Justicia Federal a una comunidad mapuche por la usurpación de un predio ubicado a pocos kilómetros de Bariloche.La presentación judicial la realizaron en octubre pasado las autoridades de la Escuela Militar de Montaña.
El predio en conflicto abarca 170 hectáreas ubicadas en Virgen de las Nieves, a 9 kilómetros del centro de Bariloche, al pie del cerro Otto. Allí la comunidad Tripay Antú lleva adelante un proyecto agrícola, cuenta con invernaderos e incluso tiene como sustento la comercialización de hortalizas orgánicas y otros productos.
La comunidad mapuche, a diferencia de las familias que usurparon tierras en Villa Mascardi, cuenta con reconocimiento institucional de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y tramitó de forma pacífica su personería jurídica.
Según explicaron desde la comunidad, su asentamiento se remonta a 160 años atrás, antes de la llegada del Ejército, a quien Parques Nacionales cedió “en custodia” la propiedad de las tierras. Incluso recuerdan varios intentos de desalojo donde les “tiraron abajo las casas y mataron animales”.
Lo paradójico del caso es que el Estado, a través del INAI, reconoce la preexistencia de la comunidad en esas tierras, mientras que el Ejército Argentino lo ignora y la denuncia por usurpación.
La puja no es reciente. En el año 2018, el 21 de mayo, la Justicia le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días transfiera a título gratuito el dominio de esas tierras fiscales al INAI, para su posterior adjudicación en carácter de propiedad comunitaria a la lof.
El fallo sostiene que «la Constitución reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas» y que «el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI».
Sin embargo la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia, argumentando que en dicho proceso no había tenido participación el gobierno de Río Negro.
En el fallo entendió que toda disputa que implique el reconocimiento por parte del Estado Nacional de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan constituye el ejercicio de una competencia concurrente con las provincias, según el segundo párrafo del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
El Ejército Argentino, en todas sus presentaciones, argumentó que las tierras en litigio son utilizadas para las prácticas militares, a pesar de que no existe documentación que así lo acredite. Se trata de un caso similar al que involucra a la comunidad Millalonco Ranquehue, instalada en un espacio contiguo, que también es disputado entre el Estado y los mapuches.
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Un grupo de abogados ex Montoneros se hizo cargo de la defensa de Facundo Jones Huala y busca evitar su extradición a Chile
El líder mapuche fue condenado por incendiar una finca. Sus días en el penal de Esquel y el abandono de sus seguidores. “Soy un preso político”, asegura el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche
La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, una agrupación fundada, entre otros, por el ex líder guerrillero de Montoneros Roberto Cirilo “Pelado” Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, se hizo cargo de la defensa del referente mapuche Facundo Jones Huala, que permanece detenido en el penal federal de Esquel a la espera de lo que resuelva la Justicia sobre el pedido de extradición formulado por Chile.
En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó como autor del incendio de una finca a 6 años de cárcel y además le impuso otra condena de 3 años y un día de prisión por tenencia ilegal de armas.
El tribunal de juicio le computó a favor los 1.178 días de prisión preventiva que Huala cumplió en Argentina y Chile. Por eso, el 26 de junio de 2024 se agota la pena.
Facundo Jones Huala, que se identifica como lonco o lonko, -jefe guerrero- de la Lof de Resistencia en Cushamen, de Chubut, fue detenido por la Policía de Río Negro la madrugada del 30 de enero pasado, en estado de ebriedad y disfrazado de mujer en un domicilio del barrio Nueva Esperanza de El Bolsón. Estaba prófugo desde febrero de 2022. De inmediato la Justicia trasandina inició los trámites para solicitar su extradición.
La Corte de Apelaciones de Temuco le había otorgado el 21 de enero del 2022 la libertad condicional; pero el Ministerio Público Fiscal impugnó esa decisión y la Corte Suprema de Chile revocó el beneficio a mediados de febrero del 2022. Cuando los carabineros fueron a detenerlo al domicilio que había declarado en el expediente, el líder de la RAM -Resistencia Ancestral Mapuche- ya no estaba.
El 5 de marzo pasado el propio referente mapuche rechazó ser extraditado en la audiencia que mantuvo ante el juez federal Gustavo Villanueva. Sostuvo ser “un preso político” y que en ese caso no es procedente la extradición según las normas vigentes.
Días pasados, Eduardo Soares, quien ingresó a la organización guerrillera Montoneros en 1972 y Gustavo Franquet -también ex Montonero e integrante la ex organización piquetera Quebracho- sus flamantes abogados, fueron quienes entraron en acción y comenzaron a desplegar su estrategia defensiva: recusaron al juez a cargo de la extradición.
En primer lugar, sostuvieron que el magistrado “intervino en el pedido de extradición anterior y en tal carácter emitió opinión tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio”. En el escrito de “inhibición” de cuatro fojas, sostuvieron que Villanueva, que subroga el juzgado federal de Bariloche, “emitió opinión sobre el fondo del asunto”.
También presentaron una lista de seis testigos, entre los que se encuentra Rafael Antonio Bielsa, el embajador argentino ante la República de Chile porque “participó, en tal carácter, de las audiencias en las que se discutió la libertad condicional del señor Jones Huala”.
La estrategia es “desarrollar una visión clara del conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche habitante de ese país, haciendo hincapié en las respuestas jurídicas, punitivas y carcelarias que fue desarrollando el estado, para concluir con una apreciación del desarrollo y las particularidades del proceso que, tras la extradición desde Argentina, se llevó adelante contra el señor Jones Huala, el tratamiento carcelario que recibió y el desarrollo del proceso administrativo y judicial en el cual se abordó la concesión de su libertad condicional”.
Soares y Franquet sostienen que en el sistema carcelario chileno será torturado tal como ya lo denuncio Huala. “Nosotros decimos que una de las causales que trabaría la extradición es la tortura en el país requiriente. Si Facundo fuera extraditado a Chille es probable y lo vamos a probar con testigos y documentación que va a ser torturado”, enfatizó Soares después de solicitar el apartamiento del juez.
En los fundamentos para evitar la extradición, los letrados insisten en que: “La condena, la prisión subsecuente y la resolución de la solicitud de libertad condicional, todo ello responde a un conflicto social y político y a decisiones administrativas y judiciales de pleno contenido político; a que pretendemos demostrar que el Estado chileno en todo ese trayecto incumplió diversos derechos fundamentales consagrados para todas las personas y, particularmente, aquellos que protegen a las poblaciones indígenas; y a que ya el Señor Juez actuante -por Villanueva-, al dictar en su momento la extradición para que fuera juzgado, adelantó opinión sobre las condiciones con las que se encontraría el señor Jones Huala tras la misma, ya en Chile, entendemos que debería inhibirse de entender en este proceso”.
El juez federal, en el primer trámite de extradición, había ponderado el sistema carcelario y de justicia de Chile.
“Villanueva ya dijo que no iba a ser torturado, o sea ya opinó sobre eso, entonces es un juez que -con todo respeto- está contaminado”, argumentó Soares.
La recusación ya fue elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca quien deberá expedirse. La maniobra dilatoria pretende extender hacia adelante la fecha para una nueva audiencia de extradición y que las semanas o los meses sigan trascurriendo con el líder mapuche encarcelado en el país y no en Chile dónde, entiende su defensa, el sistema penal es mucho más duro que en la Argentina.
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EDITADO: OFF TOPIC.
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La Corte ordenó suspender la entrega de tierras del Ejército a una comunidad mapuche
Por unanimidad e invocando razones de "gravedad institucional", el máximo tribunal detuvo la ejecución de una sentencia que cedía terrenos del Ejército.
