Noticias de Venezuela.
-
Tropas de EE.UU desembarcan en Guyana para iniciar maniobras militares
EE UU realizara maniobras militares con Guyana tras el referéndum de Venezuela sobre el Esequibo. El secretario de Estado, Antony Blinken, expresa el apoyo de Washington a la soberanía de Guyana en una conversación con el presidente de ese país, Mohamed Irfaan Alí agradeció el apoyo de EE.UU
Estados Unidos ha anunciado para este jueves una serie de maniobras aéreas conjuntas con la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, por sus siglas en inglés) para reforzar la colaboración de seguridad entre los dos países, según ha anunciado el Comando Sur estadounidense. El anuncio llega en plena escalada de la tensión entre Georgetown y Caracas, a raíz del referéndum celebrado en Venezuela sobre la soberanía en la región del Esequibo, un territorio que pertenece al país vecino y que ocupa dos tercios de su superficie.
Las maniobras, subraya el comunicado del Comando Sur, tienen carácter rutinario y buscan, además de reforzar la cooperación entre las dos fuerzas, fortalecer la colaboración regional. Además de los ejercicios de este jueves, Estados Unidos “continuará su colaboración con las GDF en las áreas de preparación contra desastres, seguridad aérea y marítima y el combate contra las organizaciones delictivas trasnacionales”. Estados Unidos, que lleva años realizando con regularidad ejercicios militares conjuntos con el país sudamericano, “continuará su compromiso como socio fiable para la seguridad de Guyana y con la promoción de la cooperación y coordinación regionales”, agrega el Comando Sur.Las maniobras se producen un día después de que el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, asegurara al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, el “apoyo incondicional” de Washington a su soberanía tras el referéndum venezolano. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el llamamiento a una salida pacífica en la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, una región de 160.000 kilómetros cuadrados selvática y poco poblada, pero rica en petróleo, madera y minerales y que se encuentra en la base del gran crecimiento económico de Guyana en los últimos años.
Venezuela había criticado el miércoles que Guyana diera “luz verde a la presencia” del Comando Sur en el Esequibo. Según el presidente, Nicolás Maduro, esa actitud abre la “posibilidad de bases militares” estadounidenses en la región, algo que está “amenazando la zona de paz que se ha delineado en esta región”.Venezuela desde siempre reclamó que el Esequibo le perteneció antes, despues de ser colonia española y que una decisión judicial internacional, le otorgó a Londres en el siglo XIX. En 2020, la disputa llegó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya y la ONU, donde no se ha llegado a resolver nada. Maduro rechaza, en cualquier caso, que ese tribunal tenga jurisdicción en el conflicto.
La consulta del domingo, celebrada después de que el viernes la Corte instara a Venezuela a no tomar medidas que alteraran el control de Guyana sobre el Esequibo, pero no le prohibiera el referéndum, dio el respaldo de 10,4 millones de votantes venezolanos a las tesis de su Gobierno. Las consecuencias de esa votación contribuyeron enseguida a elevar la tensión. El sucesor de Hugo Chávez anunció la inminente presentación de una ley de anexión del territorio en disputa, nombró a una autoridad provisional para administrar la región, movilizó al Ejército en la zona fronteriza y aprovechó la escalada para acusar de conspiración a unos colaboradores de la dirigente opositora María Corina Machado y agitar el fantasma del enemigo exterior.
El canciller venezolano, Yván Gil, atribuyó el miércoles el interés de Washington a la petrolera estadounidense Exxon Mobil, a la que Guyana concedió derechos de explotación de crudo en las aguas del Esequibo. Durante un acto de presentación del que calificó de “nuevo mapa de Venezuela”, Maduro dio además un plazo de tres meses a las compañías que han recibido concesiones de Guyana para dejar de operar y negociar de nuevo con Caracas. Este golpe de timón se produce menos de dos meses después de que la Administración de Joe Biden levantara las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela tras los acuerdos entre el chavismo y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en 2024.
https://elpais.com/internacional/2023-12-07/ee-uu-desarrolla-maniobras-aereas-con-guyana-tras-el-referendum-de-venezuela-sobre-el-esequibo.html -
Brasil traslada tripulaciones con ATGM MSS 1.2AC a la frontera
En medio del agravamiento de la situación en torno a la región del Esequibo disputada por Venezuela y Guyana, el comando brasileño decidió transferir a la frontera tripulaciones del ATGM MSS 1.2AC, parte del nuevo 18º regimiento mecanizado.
Se suponía que los primeros ATGM MSS 1.2AC llegarían a las unidades en 2024, pero terminaron en el ejército antes de eso, antes de que se completaran sus pruebas.
Según los resultados de las pruebas provisionales, la eficacia de combate del nuevo ATGM resultó satisfactoria. El ATGM guiado por láser puede alcanzar un alcance de disparo de 3 km, similar al del American Javelin; es capaz de penetrar hasta 530 mm de blindaje homogénea enrollada.
MSS 1.2AC es un desarrollo posterior del ATGM brasileño MSS 1.2, desarrollado por la empresa italiana OTO Melara y la local Engesa y en funcionamiento desde 2009. MSS 1.2 es posicionado por el comando brasileño como un medio confiable para combatir los modernos. por tanques, como T-90, Abrams, Challenger-2.
-
Llegó un buque de guerra británico a Guyana: para Venezuela es una "provocación hostil"
El patrullero británico HMS Trent. Foto: ReutersPese a que recientemente se comprometieron a relajar tensiones en base a la disputa del Esequibo, Venezuela ve como una "amenaza directa a la paz" la presencia de una nave militar en el territorio que actualmente pertenece a Guyana.
-
EEUU evalúa restablecer sanciones contra el régimen de Maduro tras la inhabilitación de María Corina Machado
El Departamento de Estado dijo que podría imponer castigos a Venezuela por los “recientes ataques políticos contra la oposición y la sociedad civil”
Estados Unidos advirtió este sábado que podría restablecer las sanciones a Venezuela después de que el máximo tribunal del régimen chavista inhabilitara a María Corina Machado a presentarse a las elecciones presidenciales de este año.
Tras la prohibición del viernes contra la líder opositora, Estados Unidos está “actualmente revisando” las sanciones a Venezuela, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, “en base a este desarrollo y los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”.
En X, Machado dijo que la decisión del Supremo -que establece que su sanción tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021- pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba “garantías electorales”, así como la revisión de las inhabilitaciones.
“El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, aseveró Machado.
A su juicio, con esta decisión, el líder chavista Nicolás Maduro y “su sistema criminal” escogieron “unas elecciones fraudulentas”, algo que -insistió- no va a permitir.
El Tribunal Supremo de Venezuela mantuvo la inhabilitación a Machado en un fallo divulgado en su página web.
Con su sentencia, la máxima corte venezolana cerró el paso para que Machado, una ingeniera industrial de 56 años, pueda inscribir su candidatura para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre del año.
Machado, al igual que otras figuras opositoras, han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos en lo que la oposición dice que son medidas políticas de la Contraloría General, a la que describen como un brazo del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“La ciudadana María Corina Machado Parisca está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años”, dijo el máximo tribunal.
La corte explicó su fallo usando los alegatos de la Contraloría: que Machado apoyó las sanciones de Estados Unidos y al gobierno interino al que la administración de Maduro responsabiliza de la pérdida de dinero en los activos extranjeros de Venezuela, incluido el refinador Citgo, con sede en Estados Unidos, y la compañía química Monómeros, que opera en Colombia.
El Tribunal también decidió otros casos pendientes como el de Henrique Capriles, excandidato presidencial, a quien le ratificó su inhabilitación también por 15 años.
Estados Unidos, que en octubre alivió temporalmente las sanciones al gobierno de Maduro gracias a un acuerdo sobre garantías para las elecciones, ha condicionado la continuación de esa revisión a que Caracas comenzara a levantar las prohibiciones y liberara a los presos políticos y a los estadounidenses “detenidos injustamente”.
El 20 de diciembre, Venezuela liberó a una veintena de prisioneros venezolanos y a 10 estadounidenses a cambio de la excarcelación de un estrecho aliado del Gobierno de Maduro, Alex Saab, que estaba detenido en Estados Unidos por investigación de sobornos. Pero el tema de las inhabilitaciones aún no había sido resuelto.
Como parte del acuerdo firmado en octubre entre oposición y oficialismo, a los candidatos opositores se les permitió apelar su inhabilitación ante el máximo tribunal del país. Machado acudió en diciembre al Tribunal Supremo.
Más temprano, tres dirigentes regionales de la campaña presidencial de Machado fueron detenidos y vinculados a una presunta conspiración contra el Gobierno, según datos aportados por la Fiscalía General.
El fiscal general, Tarek Saab, dijo que Guillermo López, Luis Camacaro y Juan Freites, ya detenidos, eran parte de un grupo de al menos 11 personas que presuntamente intentó robar el año pasado un parque de armas militares, para luego atacar a Freddy Bernal, gobernador oficialista en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
En medio de las denuncias de conspiraciones y en la que han sido detenidos civiles y militares, Maduro dijo el jueves que los acuerdos que firmó su Gobierno con la oposición en octubre de 2023 están “heridos de muerte”.
-
@MarcoAurelio
Ja ja
Ya no necesitan mas petróleo -
EE.UU confisca un 747 carguero a una empresa venezolana
El gobierno de los EEUU dice que ha tomado posesión de un Boeing 747-400 carguero de la empresa "Emtrasur" porque Irán lo vendió ilegalmente a la empresa venezolana en 2021. Desde la empresa venezolana denuncian que la retención de la aeronave es ilegal y que el avión esta certificado y autorizado por las autoridades aeronáuticas internacionales
Una foto de archivo del avión venezolano secuestrado por las autoridades de EE.UUTHE INDEPENDENT - Miami - 12 de febrero de 2024
El Gobierno de los EE.UU ha ordenado la confiscación de un Boeing 747-400 cargo de bandera venezolana al llegar al aeropuerto de Miami, bajo la acusación de que la aeronave fue comprada ilegalmente a Irán sin su consentimiento... Según los funcionarios estadounidenses, la aeronave había sido vendido por una aerolínea "estatal" iraní y a su vez todas las empresas iranés están sancionadas e inhabilitadas de comerciar con países de Occidente, en clara violación a leyes estadounidenses de control de exportación de sus productos (el avión se fabricó originalmente dentro de territorio de los EE.UU).
El Departamento de Justicia informó el lunes que el avión de fabricación estadounidense llegó a Florida y será trasladado en vuelo a algunas de las bases de almacenamiento de aeronaves y una vez allí será desguazado.
El avión había sido vendido previamente por la empresa iraní "Mahan Air", en el año 2021 a la empresa venezolana "Emtrasur" que utiliza este tipo de aeronaves cargueras para exportar productos agrícolas de alto valor desde Venezuela, a Rusia y China, entre sus principales clientes y a siete destinos mas.
La acusación de EE.UU, es que la aerolínea iraní que vendió el avión a la venezolana (según funcionarios de los EE.UU), es contratada habitualmente por el gobierno de Irán, para dar apoyo a las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.
A su vez Emtrasur, es una filial de carga aérea de la aerolínea venezolana Conviasa, una empresa de capital estatal y que ya previamente había sido sancionada por Estados Unidos y prohibido sus vuelos y conexiones con el territorio norteamericano
Según funcionarios de los EE.UU, la venta, realizada sin autorización del gobierno estadounidense, violó leyes de control de exportaciones y también benefició indebidamente a la Guardia Revolucionaria iraní. y Mahan Air desde mas de 10 años está bajo restricciones de sus negocios y sus conexiones internacionales por parte del gobierno estadounidense.
“El Departamento de Justicia está comprometido con asegurar que toda la fuerza de las leyes estadounidenses le nieguen a actores estatales hostiles los medios para involucrarse en actividades malignas que amenacen nuestra seguridad nacional”, escribió en un comunicado el subsecretario de Justicia Matthew Olsen, director de la división de seguridad nacional de esa dependencia. -
"Business is business"
Venezuela aumentó un 28% sus envíos de crudo a Estados Unidos en los últimos doce meses
El petróleo de Venezuela sigue siendo protagonista en el mercado estadounidense. Con un aumento del 28% interanual en las exportaciones al mes de septiembre, el crudo venezolano se mantiene como una fuente de suministro importante para las refinerías de Estados Unidos.Hace pocos días, la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), el organismo que gestiona las estadísticas relacionadas con el sector energético en Estados Unidos (EE.UU.), publicó nuevas actualizaciones sobre las importaciones de petróleo crudo realizadas por el mencionado país: en septiembre alcanzaron un total de 6.456.000 barriles por día (bpd), sin considerar las importaciones de productos refinados.
De ese total, Venezuela aparece representando solo un 3.25% al exportar en septiembre un promedio de 210.000 bpd a EEUU, cifra que baja respecto a julio (308.000) y agosto (261.000) pero que interanualmente hablando crecen un 28% al considerar que en sept-2023 la data de exportación arrojó 163.000 bpd, de acuerdo con lo publicado por la EIA.
No obstante, las exportaciones de crudo venezolano de septiembre presentan una caída de más de un 30% respecto a julio del año en curso (308.000), que es el pico máximo que ha logrado Venezuela desde enero de 2019 cuando se exportaron 561.000 bpd, según la EIA. Y si lo enfocamos desde agosto, la caída es de 20% pues ese mes el país caribeño consiguió enviar 261.000.
-
I have no money... dijo Maduro.
-
La OEA presentó un minucioso informe que describe los actos de terrorismo de Estado de Maduro para sostener a la dictadura en Venezuela
El dossier fue redactado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desnuda las sistemáticas operaciones ilegales cometidas por el regimen caribeño para evitar que la oposición democrática liderada por González Urrutia y María Corina Machado asuma la presidencia el 10 de enero
Aislado por la comunidad internacional y enfrentando una histórica movilización popular en su contra, Nicolás Maduro quedó al desnudo por el minucioso informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que describe todos los actos de terrorismo de Estado que cometió para sostener la dictadura caribeña y evitar que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado inicien la transición democrática en Venezuela.
“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, concluye el dossier de la CIDH que se conoció hoy en Washington.
En este contexto, Maduro intentará retener su poder ilegal en un simulacro de ceremonia institucional convocada para el 10 de enero, mientras González Urrutia y María Corina Machado son apoyados por una desbordante mayoría de países que condenan los actos de fraude y represión estatal ejecutados por el regimen caribeño para preservar su estabilidad política y la trama de negocios de corrupción que están protegidos por Cuba, China, Rusia e Irán.
Durante las últimas setenta y dos horas, González Urrutia fue recibido por los presidentes Joe Biden, Javier Milei y Luis Lacalle Pou, en tanto que María Corina Machado ultima los detalles de una movilización popular que apunta a trastocar las intenciones de Maduro de asumir en el Palacio de Miraflores con la anuencia tácita de Lula da Silva, Claudia Sheimbaum y Gustavo Petro, sus aliados más influyentes en América Latina.
El informe de la CIDH tiene 45 fojas, dividido en cuatro capítulos, y fue aprobado el pasado 27 de diciembre. Se trata de una investigación minuciosa, que honra la trayectoria histórica de la Comisión Interamericana.
Más aún en el actual escenario geopolítico, que exhibe una fractura regional sin maquillaje: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguay, Uruguay y Costa Rica -por ejemplo- se enfrentan a la anomia institucional que aplican Brasil, Colombia, México y Bolivia al momento de adoptar medidas diplomáticas contra la dictadura caribeña.
El dossier denuncia lo siguiente:-
“Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio (de 2024), el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder. En el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. Estos hechos sólo pudieron llevarse a cabo, sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas.
-
En el periodo preelectoral, el gobierno no sólo utilizó la maquinaria del Estado para favorecer la campaña de Nicolás Maduro, sino también para obstaculizar e impedir la participación política de la oposición. En esta etapa se registraron: inhabilitaciones administrativas de personas opositoras; obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras; impedimentos discriminatorios para el ejercicio del voto en el exterior; el retiro de misiones internacionales de observación electoral; así como detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales.
-
María Corina Machado fue inhabilitada por supuestas violaciones a la normativa administrativa y fiscal y por su apoyo a las sanciones internacionales contra Venezuela. En concreto, las autoridades la acusaron de participar en un esquema de corrupción orquestado por Juan Guaidó, que supuestamente llevó al “bloqueo criminal” de Venezuela y al desvío de activos nacionales en el extranjero.
-
Debido a la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, al menos 7,7 millones de personas han salido forzosamente del país desde el 2015 para salvaguardar sus vidas y la de sus familiares.
-
En los meses previos a las elecciones de 2024, el gobierno venezolano intensificó la represión contra personas de la oposición o percibidas como tales, utilizando fuerzas de seguridad para silenciar voces críticas y neutralizar campañas electorales. Este patrón incluyó detenciones arbitrarias y hostigamiento de, al menos, 50 opositores, así como de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
-
Las acciones evidencian un patrón de persecución contra Vente Venezuela, el comando de campaña de María Corina Machado, quien apoyó al candidato Edmundo González Urrutia. Las detenciones se llevaron a cabo en diferentes lugares y sin debido proceso, e involucrando distintas fuerzas de seguridad del Estado, así como personas no identificadas.
-
Las detenciones arbitrarias de personas líderes opositoras o percibidas como tales y personas defensoras de derechos humanos y con liderazgo social antes de la elección evidenciaron un patrón sistemático de persecución política en el país. Las acciones del gobierno buscaron silenciar voces críticas, desmantelar la oposición organizada y mantener un control absoluto sobre el panorama político y social.
-
La omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares, en particular, subrayan un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones.
-
A lo anterior se suman las amenazas emitidas por las más altas autoridades del Estado ante una eventual derrota. En efecto, el 17 de julio (de 2024), durante un acto proselitista, Nicolás Maduro advirtió sobre un “baño de sangre y una guerra civil en el país” en caso de que la oposición lograra una victoria electoral.
-
El Panel de las Naciones Unidas concluyó que ´el proceso de gestión de resultados del CNE (Consejo Nacional Electoral) no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados. En la experiencia del Panel, el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano´.
-
El Centro Carter concluyó que la elección presidencial del día 28 de julio (de 2024) ´no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. (…) El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales´.
-
Las serias denuncias de irregularidades y fraude electoral motivaron cerca de 300 protestas masivas y espontáneas en todo el país que movilizaron distintos sectores sociales, en particular, de barrios populares. En respuesta, el régimen puso en marcha prácticas de terrorismo de Estado para infundir terror en la población, aplacar las protestas y silenciar la ciudadanía inconforme. Entre los principales perpetradores están las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como ´colectivos´, que están incorporados legalmente en el ´Sistema Popular de Protección para la Paz´.
-
Una característica distintiva de este pico represivo es que las más altas autoridades del régimen y las fuerzas de seguridad contribuyeron a alimentar el clima de terror con sus declaraciones y publicaciones en redes sociales.
-
El entonces diputado Diosdado Cabello, y quien sería posteriormente designado como Ministro del Interior, dijo durante un programa de televisión que, en el marco de la ´Operación Tun Tun´, serían arrestadas las personas periodistas que publicaran información sobre la controversia electoral.
-
Entre el 28 y el 30 de julio (de 2024) se registraron graves denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 25 personas, todos hombres entre 15 y 56 años.
-
Según información pública, 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales. De estas, ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los “colectivos”, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e, inclusive, están incorporados legalmente en el “Sistema Popular de Protección para la Paz”. Dos de los casos serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales. En los otros casos no se cuenta con información sobre el perfil de los presuntos responsables.
-
En relación con las causas de muerte, la información documental y testimonial permite concluir que todas las víctimas murieron por arma de fuego. Siete con disparos en el cuello, cinco en tórax, cuatro en la cabeza, tres en la espalda, dos en el abdomen, y tres en otras partes del cuerpo. La trayectoria de los proyectiles permite concluir que las armas fueron disparadas con intencionalidad letal.
-
Las protestas registradas los días 28, 29 y 30 de julio (de 2024) se desarrollaron principalmente en barrios populares y estuvieron protagonizadas por hombres jóvenes en situación de pobreza. Información documentada por la Misión Internacional Independiente indica que varias de las personas que fallecieron durante estos días trabajaban de obreros, mototaxistas, barberos y pequeños comerciantes.
-
La CIDH ha podido constatar que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal por parte de grupos “colectivos”, incorporados legalmente en el “Sistema Popular de Protección para la Paz”.
-
Tras las primeras manifestaciones del 28 de julio (de 2024), el régimen puso en marcha una serie de redadas barriales para detener masiva e indiscriminadamente personas. Si bien la mayoría de las detenciones ocurrieron durante las manifestaciones en los puntos de reunión, también se registraron arrestos de personas que no participaban de éstas y en lugares apartados.
-
Entre el 28 de julio y el 24 de agosto, organizaciones de sociedad civil registraron 1.542 detenciones, incluyendo mujeres y adolescentes; así como personas con discapacidad, personas indígenas y periodistas y trabajadores de la prensa.
-
Testimonios recabados por esta Comisión, así como por la Misión Internacional Independiente, indican que todas las detenciones ocurrieron sin órdenes judiciales de captura, y sin informar a los familiares del lugar de la detención.
-
Resultan extremadamente preocupantes las detenciones de niños, niñas y adolescentes en el contexto de las manifestaciones. Conforme información suministrada por la organización Foro Penal, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, al menos 158 adolescentes fueron detenidos arbitraria e indiscriminadamente.
-
En los procesos penales que siguieron a las detenciones se reportaron numerosas violaciones de derechos humanos, en particular a las garantías judiciales. Estas violaciones comprenden la imposición de defensores públicos de oficio, con lo que se niega el acceso a una defensa técnica de confianza; y la violación al derecho a ser juzgado por un juez natural en el caso de adolescentes que son presentados ante tribunales con competencia antiterrorismo.
-
De otra parte, en el contexto de la represión poselectoral se registraron viejas prácticas intimidatorias, como la marcación de casas de personas opositoras o percibidas como tales con una ´X´.
-
En el contexto de la persecución política, varios líderes opositores buscaron protección en la residencia del embajador de Argentina en Caracas. Entre ellos se encuentran Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales; Claudia Mancero, coordinadora de comunicaciones; Omar González, secretario político; Magalli Meda, coordinadora de planificación estratégica; y Humberto Villalobos, coordinador electoral.
-
El 6 de septiembre, la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas (bajo la custodia del Estado brasileño desde el 1 de agosto) fue hostigada por agentes del Estado. Ello, en una intervención integrada por al menos 20 funcionarios públicos armados, quienes se apersonaron en dicha sede y procedieron a cortar el suministro de electricidad y suspender el ingreso de alimentos por al menos 24 horas.
-
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) continuaron documentando severas restricciones a la libertad de expresión en Venezuela, especialmente en asuntos críticos al gobierno. El ejercicio periodístico enfrenta obstáculos significativos por el temor a la violencia, el hostigamiento y la posible criminalización de la labor informativa.
-
Las organizaciones defensoras de derechos humanos también se ven afectadas por reformas legislativas que amenazan su financiación e independencia.
-
En la primera mitad de agosto, tras las elecciones del 28 de julio (de 2024), se documentó la detención de, al menos, nueve periodistas; cuatro de los cuales fueron imputados por delitos de terrorismo.
-
Como ya han señalado la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, las detenciones de periodistas representan una de las principales tácticas utilizadas por el Gobierno para intimidarlos o como represalia por el ejercicio de su trabajo; y suelen realizarse sin orden judicial o fundamento jurídico.
-
Al final de 2023, organizaciones de la sociedad civil documentaron el cierre de, por lo menos, 408 medios de comunicación en Venezuela durante los últimos 20 años, resultado de un prolongado proceso de restricción de espacios informativos y del ejercicio del periodismo en el país. De acuerdo con reportes públicos, las emisoras de radio han sido las más afectadas, con 285 estaciones cerradas en las dos últimas décadas, lo que representa un 71 % del total de medios clausurados.
-
La Comisión y su Relatoría Especial han documentado diversas prácticas represivas y actos de violencia contra activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores y testigos electorales.
-
Los casos de violaciones a la libertad de expresión en internet han incrementado durante 2024. En particular, en marzo de ese año, se registraron caídas masivas del servicio en diversas regiones del país, ocasionadas presuntamente por fallas en el suministro eléctrico.
-
Además, el gobierno habría utilizado el bloqueo de portales digitales como una estrategia para silenciar a la prensa independiente y a organizaciones no gubernamentales.
-
Tras las elecciones presidenciales, el gobierno ha intensificado la represión en el ámbito digital, utilizando tecnología para perfilar, vigilar e intimidar a opositores y voces críticas. Se han documentado bloqueos de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, así como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a delatarse entre sí.
-
Según reportes públicos, las fuerzas de seguridad del Estado estarían monitoreando activamente las redes sociales y pidiendo a sus partidarios que informen sobre actividades disidentes, lo que ha llevado a detenciones y allanamientos sin orden judicial. A las personas detenidas se les estaría negando el acceso a un juicio justo y estarían siendo enviados a “centros de reeducación”.
-
La criminalización, persecución, amenazas, acoso y detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad educativa y defensores de derechos humanos, motivadas por razones políticas, siguen siendo prácticas recurrentes denunciadas por organizaciones de la sociedad civil venezolana”.
Al finalizar su exhaustiva denuncia, la Comisión cuestiona al régimen caribeño porque aún no presentó " las actas de votación que respaldan los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dieron como ganador a Nicolás Maduro”.
Y concluye con un llamado “a la comunidad internacional a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país”.
Este llamamiento público de la CIDH puede ser la herramienta clave que permita evitar la usurpación del poder que Maduro pretende coronar el próximo 10 de enero en Caracas. La dictadura no quiere correr riesgos y ya ha blindado a la capital de Venezuela.
-
-
La OEA solo sirve a los intereses del Capitolio
