-
@MarcoAurelio falta la fuente del artículo, pero más allá de eso muy detallada la info.
Al parecer los demandantes no la tienen nada fácil para sacarnos una moneda.
O sea que en una negociación con un gobierno que defienda los inintereses de la nacion debería tener las de ganar o por lo menos empatar.
Veremos como resulta -
@zonca
Ahí coloqué la fuente -
YPF terminó de explorar la parte mendocina de Vaca Muerta y analiza el potencial del crudo
En diciembre finalizaron las pruebas. Luego habrá una etapa de preparación de dos semanas antes de revisar la calidad y cantidad del crudo.
Según datos extraoficiales, YPF habrá invertido bastante más que los 17 millones de dólares que se propuso depositar en Mendoza para el desarrollo de Bardas Norte y CN - VII. Por distintos imponderables, entre los que destacan que la formación rocosa fue "más desafiante de lo esperado para la maquinaria utilizada", creen que ese presupuesto habrá sido casi duplicado para cuando finalice la tarea.
Por lo pronto, los cambios en la empresa, que tuvo el desembarco del ingeniero químico Horacio Marín como nuevo presidente y CEO desde el pasado 13 de diciembre, no han repercutido en ningún tipo de modificación "hacia abajo", es decir, en su estructura.
El procedimiento que comenzaría en febrero será clave para determinar la curva potencial de la lengua mendocina. De los buenos resultados dependerá que comiencen a llegar inversiones y que el producto pueda ser una entrada de dinero a las arcas mendocinas.
-
EDITADO: OFF TOPIC.
https://www.aviacionargentina.net/topic/3134/reglamento-de-conducta
-
Una lista de daños causados por Cristina, Zannini, Kicillof y De Vido cuando entraron por la fuerza a YPF
Las desprolijidades en el proceso de estatización de 2012 generaron consecuencias que podrían costar hasta US$16.000 millones; los responsables de una trama embanderada en la soberanía energética
La posibilidad de un embargo millonario contra la Argentina, y la eventualidad de una sentencia definitiva que finalmente condene al país a pagar hasta US$16.000 millones por la estatización de YPF, son consecuencia del accionar directo de personas. Acá no hay problemas de macroeconomía ni de falta de reservas, se trata de pagar la factura de daños causados por entrar a un bazar con un elefante.
Así de bestial fue el ingreso de aquel kirchnerismo empoderado en 2012, cuando la entonces presidenta, Cristina Kirchner, secundada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, y con libreto legal del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, entraron a la petrolera.
Aquellos funcionarios, embanderados en una supuesta soberanía energética, intervinieron la compañía para luego terminar con la estatización del 51% de las acciones de Repsol. Pasó el tiempo y ahora, con la perspectiva del paso de los días, cada vez se acerca más el turno de terminar de pagar. En el camino, el grupo comandado por el ahora gobernador bonaerense rompió el sistema jurídico, además de ignorar los términos de los contrato. Ahora, en Nueva York hacen la cuenta final, el ticket de cancelación de los daños.
Al fallo que condenó a la Argentina en Nueva York por aquella estatización sólo le falta conocer la cantidad final de cheques que tendrá que pagar el Tesoro. La sentencia de Preska tiene dos instancias de apelación y nada será inmediato. Pero ahora hay un hecho nuevo: la posibilidad de que se embargue al país mientras se suceden esas dos apelaciones.
Esa es la novedad de las últimas horas. La jueza Loretta Preska había pedido garantías a la Argentina mientras se sustancie la instancia que sigue, en lo inmediato, ante una Cámara, antes de que recale en la Corte americana. Como se dijo, pidió una fianza. Pero el país no está en condiciones de poder abonar semejante cantidad de dinero y ahora se habilitó la posibilidad de que se pueda embargar al Estado, tras haber negado la extensión del plazo que solicitó la defensa argentina.
Aquí vale una aclaración. En principio, no es fácil embargar a un país, ya que la mayoría de los bienes son inembargables. Pero el estudio que lleva adelante el juicio por los derechos litigiosos que le compró al Grupo Eskenazi (que lidera Enrique) tiene un departamento exclusivo dedicada a esa minuciosa búsqueda. Lo que sucede es que, antes de que se cierre el proceso con otras sentencias, siempre es factible, y recomendable muchas veces, negociar. Y cualquier negociador sabe que no es lo mismo hacerlo con bienes embargados o con la posibilidad de que suceda, que sentarse en una mesa sin semejante mochila.
En abril de 2012, el trío que conformaba la presidenta Cristina Kirchner junto a sus dos ministros Axel Kicillof y Julio De Vido jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizá, el ministro imaginó en alguna trasnoche en su casa porteña de Parque Chas. “Donde está la plata”, repetía.
Para entender el asunto es necesario revisar qué se ventila en el tribunal de Nueva York, algo así como un juzgado comercial porteño. Cuando se estatizó YPF, en realidad un porcentaje de las acciones que tenía la española Repsol, el Estado argentino no abrió ninguna negociación con los otros dueños minoritarios de la petrolera. Esos accionistas tenían algunos derechos como socios.
La ley dice que quienes se hacen del control de una compañía deben ofrecer condiciones similares a los otros accionistas. Justamente, la naturaleza jurídica de esta norma radica en que nadie está obligado a asociarse a alguien que no quiera. Por eso la necesidad de replicar la oferta a todos. Hay otro derecho que es el de privilegio, que significa que los socios pueden igualar la oferta que hace un tercero. Nada de eso se contempló, ni en aquel 2012 ni tampoco cuando el Estado le pagó e indemnizó a Repsol alrededor de US$5000 millones, con un bono que terminará teniendo un costo de alrededor de US$9500 millones.
De esas conductas surgieron responsabilidades. Así apareció un fondo que maneja carteras de alto riesgo llamado Burford. Chequera en mano, le compraron los derechos a varios de los socios para hacerlos valer. Ese grupo se hizo del 70% -y el manejo del juicio- de los derechos litigiosos de Petersen Energía, la firma que tenía Esquenazi como vehículo para ser dueño de la petrolera. El 30% se lo reservó la familia. Esa empresa, que era una sociedad española, quebró y esa acreencia pasó a ser de titularidad de la quiebra.
Acá un asterisco. Cuando se estatizó, el Grupo Petersen se declaró en quiebra. Un pool de bancos le habían prestado dinero para comprar YPF y cobrarse con los dividendos. Perdido el management a manos, primero de De Vido y Kicillof, y después de Miguel Galuccio, la empresa ya no pudo pagar. Pero los argentinos nunca fueron expropiados, por lo tanto, se quedaron con la titularidad de las acciones. Para no tener problemas legales, los Eskenazi entregaron esa tenencia a la quiebra y poco a poco todos los acreedores se cobraron. ¿Por qué el asterisco? Ahora, el titular de ese 30% es la quiebra madrileña. Pero si después de liquidar las pocas deudas que quedan hay un remanente, ese dinero regresará a la familia Eskenazi.
Planteada la controversia en Estados Unidos, se empezó a ventilar un viejo planteo del derecho. La defensa argentina intentó convencer a la jueza Loretta Preska de que los estados soberanos tienen facultades como para avanzar patrimonialmente contra una compañía, siempre y cuando después indemnicen al dueño. Ese principio, que viene desde la codificación Napoleónica, es la base de la declaración de la “utilidad pública” y la expropiación.
Pero ese derecho de origen europeo nada tiene que ver con los principios que rigen en la justicia de Estados Unidos. “Pacta sunt servanda” o “lo pactado obliga” repite la doctrina y la jurisprudencia americana. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados de Burford decían que, más allá de los estatutos de la compañía que obligaban a hacer esa oferta a los otros accionistas, cuando la petrolera decidió cotizar en aquel mercado se sometió a las leyes del distrito.
Pero, además, los defensores argentinos se encontraron con una desprolijidad más. El desembarco se hizo con una intervención basada en un decreto de necesidad y urgencia. Solo después de entrar y tomar la compañía se inició un debate legislativo, que un tiempo después terminó con la declaración de interés público de las acciones de la petrolera. Un vicio de origen, como dicen los letrados, que se le advirtió en todo momento a los funcionarios kirchneristas. Pero ya se sabe, las formas y la prolijidad jurídica no es el fuerte de aquel grupo de estatizadores.
Otra pelea era lograr que, en caso de condena, la responsabilidad fuese del Estado y no de la empresa petrolera, ya que los activos soberanos son difíciles de embargar mientras que cobrar a la compañía es un juego de niños para estos abogados corporativos. Para que respiren los inversores privados, YPF quedó afuera, por ahora, aunque, como se dijo, hay dos sentencias más, si bien la Suprema Corte de Estados Unidos es muy restrictiva a la hora de tratar causas.
En el medio, una polémica por la defensa de Zannini, al menos desde que asumió como Procurador del Tesoro, en 2019. Entonces, desistió de un proceso de discovery que había solicitado su antecesor, Bernardo Saravia Frías. El discovery de un instituto procesal de la justicia norteamericana que le permite a las partes de un juicio acceder a información que puede ser utilizada luego como evidencia en la causa. Comienza a partir de un pedido de información concreto que realiza una las partes a través de una citación, y el cumplimiento y el alcance del proceso se define luego a través una negociación y un acuerdo entre los abogados, aunque también puede llegar a intervenir el juez en caso de que el ida y vuelta se trabe.
En ese pedido, Saravia Frías solicitaba investigar la operación de compra de Eskenazi, un especialista en mercados regulados, según lo describió Repsol cuando entró de socio. Es decir, el origen de los derechos que se vendieron. Ese es el punto, Zannini prefirió que no se mire para atrás. Una aclaración para algún lector desprevenido: entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue director del Banco de Santa Cruz, propiedad del Grupo Eskenazi.
Aquel 2012 fue un momento de éxtasis kirchnerista. Por más que fueron advertidos, jugueteaban arriba de aquellos elefantes y destrozaban el bazar. Pero si algo tienen los capitales de riesgo es paciencia. Compran derechos litigiosos y tiempo. Les ofrecen a los titulares de los litigios cobrar una parte y no esperar más. Ellos sí esperan, dentro de mullidas trincheras jurídicas. Ahora son los dueños del ticket para cancelar aquel galope en inconsciente de Cristina Kirchner, Zannini, De Vido y Kicillof en elefante, con la bandera estatizadora en la mano.
-
Sin financiamiento para el Tesoro, Caputo usó a YPF para tomar deuda por 800 millones de dólares
Lo curioso es que los fondos tienen como destino financiar flujo corriente previsto en el balance de la compañía que es superavitaria.
YPF consiguió USD 800 millones del mercado financiero internacional a una tasa del 9.5% anual. Llamativamente esta colocación de deuda global tiene como destino financiar flujo corriente previsto en el balance de la petrolera, como son las operaciones en Vaca Muerta y los vencimientos de deuda, según informaron desde la empresa.
Se trata de una obligación negociable (ON) con vencimiento en 2031, que pagan una tasa fija del 9,5% y un rendimiento efectivo de 9,75% anual. La emisión tiene como garantía las exportaciones de hidrocarburos de la petrolera.
"Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos", indicó YPF en su comunicado.
Lo cierto es que esta operación de mega endeudamiento presenta varios puntos polémicos. Por un lado que parte de esos dólares se destinen a sostener la actividad más rentable de una empresa superavitaria, como es la producción de Vaca Muerta, parece no tener sentido. Pero ademas, el planteo de la compañía es utilizar parte de ese fondeo para la recompra de bonos que pagan una tasa menor, del 8,75% anual. De esa deuda, restan pagar USD 346 millones que vencen este año.
A la polémica sobre el destino del endeudamiento se sobreimprime la convalidación de tasas altísimas. "La nueva gestión de YPF se encontró con una empresa saneada financieramente y con la mejor calificación crediticia. Resulta insólito que paguen intereses cercanos a las dos cifras" afirmó a LPO un ex gerente de la compañía.
Según este ex funcionario la decisión tiene dos explicaciones posibles: "Se convalidan tasas desproporcionadas por la deseperación de que entren dólares al mercado único y libre de cambios, o con la intención de desvalorizar a la empresa mediante mecanismos de sobrendeudamiento; o ambas en simultáneo" interpretó esta fuente.
Es dato que en octubre pasado la agencia de rating local FIX, afiliada de Fitch Ratings, subió la calificación crediticia de YPF como emisor de largo plazo, tal como contó LPO. La petrolera de bandera ascendió de "AA+" a "AAA". El informe de Fitch, destacó los resultados obtenidos por YPF durante los tres últimos años de gestión de Pablo González que "mejoró sus métricas operacionales y fortaleció su perfil financiero tras la cancelación de USD 1.713 millones de deuda neta entre diciembre 2019 y junio 2022" afirmó la calificadora.
Como sea, utilizar a YPF como punta de lanza para el retorno del país al mercado de capitales internacional fue una idea contemplada por el ex ministro de Economía Sergio Massa, que la descartó de plano al advertir que las tasas que exigían los inversores eran asbolutamente desproporcionadas respecto al balance de la empresa, la situación crediticia, y el valor de los activos en Vaca Muerta.
-
Corte de NY niega plazo a Argentina en caso de petrolera YPF
Corte de Nueva York denegó plazo para que Argentina cumpla garantías a empresas perjudicadas por nacionalización de la petrolera argentina YPF en 2012. Ahora, afectados podrán embargar activos del Estado argentino.
Un buque cisterna de gas licuado de la empresa Repsol YPF en terminal de Saint John, CanadáArgentina ha sido condenada a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas accionistas de YPF que no fueron indemnizadas tras nacionalización de petrolera en 2012, controlada por española Repsol. Demandantes podrán embargar bienes del Estado argentino.
El argumento del Estado argentino, que señaló "falta de acceso a fondos" para hacer el depósito de garantías, "demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo", señala el escrito de la jueza Loretta Preska, dando la razón a los demandantes.
El 15 de septiembre pasado, la magistrada condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas accionistas de YPF que no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera en 2012, cuando estaba controlada por la española Repsol.
Demandantes podrán embargar activos del Estado Argentino en todo el mundo
Tras varias ampliaciones del plazo solicitadas por Argentina, la jueza reiteró este jueves el 10 de enero como fecha límite para la presentación de una fianza mientras se resuelve el recurso de apelación al fallo.
La jueza había establecido que la fianza podría ser en acciones de la propia YPF.
Con esta decisión, los demandantes, el Grupo Petersen y Eton Park Capital ( que entonces contaban con el 25,4% del capital de YPF), y cuyos derechos de litigio fueron adquiridos por el fondo Budford, podrán solicitar a partir de este jueves el embargo de activos del Estado argentino en Estados Unidos y en el resto del mundo.
El pasado diciembre, el nuevo presidente argentino, Javier Milei, reconoció que el país carece de los fondos necesarios para pagar una fianza en el contencioso ante la justicia de Estados Unidos, pero aseguró: "Tenemos la voluntad de pagar" (https://www.dw.com/).
-
Ojo!, que si el Estado pierde acciones de YPF, puede perder la mayoria y dejar de manejarla.
Nunca está demás recordar la historia de como se llegó a esto:
El ruinoso acuerdo con los Eskenazi, el capítulo reprimido en la historia de YPF que terminará costándole una cifra multimillonaria al Estado:
-
-
Cristina Kirchner dejó una deuda millonaria por el uso del avión de YPF para viajar a Santa Cruz
***Son unos 200 millones de pesos por los costos operativos del alquiler de dos aviones de la línea empresa petrolera.
La gestión K nunca los abonó y ahora debe hacerse cargo el nuevo Gobierno.***
Ni Javier Milei ni su hermana Karina por ahora desean utilizar los aviones de la flota área presidencial en pos de mostrar gestos de austeridad que tornen menos antipático el ajuste en marcha. Pero la secretaria General de la Presidencia tampoco esconde por estas horas su malestar por una millonaria deuda que deberá afrontar su cartera por el uso que le dio Cristina Kirchner a los aviones de YPF para trasladarse el año pasado hasta la villa patagónica de El Calafate.
Según algunas estimaciones del sector aeronáutico, la secretaría General de la Presidencia debería afrontar pagos por unos $200 millones que, en verdad, debían haber sido cancelados por la anterior administración. Se trata de los costos operativos y de combustible que demandó el alquiler de dos aeronaves pertenecientes a la petrolera de mayoría estatal: un Learjet 60 y un Embraer Praetor 550. Este último, más grande y adquirido en 2023, era el favorito de la exmandataria.
Tras decidir no hacer uso del ARG 01, el avión que compró Alberto Fernández por unos 25 millones de dólares, para por ejemplo viajar a la Cumbre Económica de Davos, los Milei argumentan que deben dar muestras de la austeridad que pregonan en el uso de los recursos públicos.
Según confió un colaborador de la hermana del Presidente, ésta ha cuestionado a Cristina por utilizar las aeronaves de la petrolera cuyo alquiler, a la postre, debe ser costeado por el Ejecutivo. Es que para Karina Milei, la exmandataria optó por alquilar este servicio por la "desconfianza" que tenía hacia los pilotos de Fuerza Aérea que operaban las unidades oficiales que solían trasladarla hasta el Sur.
La desconfianza de Cristina con los pilotos de FFAA se habría producido por dos "accidentadas" travesías que los tuvieron como protagonistas: la primera ocurrió, en enero de 2015, cuando en plena gira a China el Tango 01 hizo escala en Marruecos y en la aproximación a la pista de aterrizaje se registró una fuerte maniobra que causó cierta zozobra a la entonces presidenta.
La más reciente tuvo lugar a mediados de 2021 cuando la entonces Vice intentó trasladarse hasta Río Gallegos en un un Learjet 35 -una aeronave de menor tamaño que se utiliza para verificar radio ayudas- pero antes del despegue se bajó disconforme porque no le habían avisado de una escala previa y cuando observó las dificultades de los pilotos militares para "cerrar" la puerta de la pequeña unidad. Tras ese incidente, la exmandataria empezó a utilizar más asiduamente los aviones de la petrolera administrada en ese entonces por La Cámpora.
No hay datos concluyentes sobre el uso que hizo la expresidenta de estas aeronaves: un pedido de acceso a la información pública realizado por este diario al anterior Gobierno contabilizó, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, 17 viajes, 1 con el Learjet 60 y 16 con el Embraer 550. Pero una investigación del diario La Nación reveló que fueron 59 los traslados que hizo Cristina en las aeronaves de YPF durante la gestión que la tuvo como vicepresidenta.
Paradójicamente, la actual conducción de la Secretaría General estudia entregarle la operación de la flota área presidencial a la FFAA y, en este sentido, levanta vuelo para quedarse con el cargo el comodoro Fabián Barbieri, a quien sus críticos recuerdan como el funcionario de Mauricio Macri dejó fuera de servicio -"en tierra"- al Tango 01. El avión comprado en 1992 por Carlos Menem terminó siendo desguazado y en 2023 subastado a un precio irrisorio. En los papeles, sigue a cargo la Dirección General de Logística, que tiene a su cargo los aviones oficiales, la abogada Florencia Gastaldi, una funcionaria que venía desempeñándose desde la gestión de Unión por la Patria.
El pasado 15 de diciembre el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Gobierno decidió vender los dos aviones de YPF al argumentar que "eran usados, casi en exclusividad, por la política". A más de un mes de iniciada la gestión, aún no se conocer si efectivamente se llevará adelante dicha operación.