Tecnología e industria Nacional
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Helicópteros Cicaré: cómo es y cuánto cuesta la aeronave no tripulada que busca un lugar en el agro
El helicóptero puede alcanzar una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora y cubrir hasta 40 hectáreas por vuelo.
La compañía fabricante de helicópteros Cicaré, propiedad de Augusto ‘Pirincho’ Cicaré e hijos, presentó junto a la pyme de servicios agrícolas Marinelli y la compañía estatal INVAP, el prototipo del helicóptero autónomo RUAS-160A con la idea de potenciar los cultivos agrícolas a través de las aplicaciones aéreas y la obtención de datos de lotes para eficientizar la producción.De esta forma, a poco más de dos años del lanzamiento, la nueva versión de la aeronave no tripulada que busca convertirse en una de las principales herramientas tecnológicas del agro y de la seguridad del futuro, comenzó a producirse para el uso en la defensa y seguridad nacional, pero intentará encontrar mercado en el agro próximamente.
Nota completa: https://news.agrofy.com.ar/noticia/198800/helicopteros-cicare-como-es-y-cuanto-cuesta-aeronave-no-tripulada-que-busca-lugar
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Helicópteros Cicaré: cómo es y cuánto cuesta la aeronave no tripulada
que busca un lugar en el agro
El helicóptero puede alcanzar una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora y cubrir hasta 40 hectáreas por vuelo
Por Belkis Icela Martínez | Agrofy News
Helicópteros Cicaré: cómo es y cuánto cuesta la aeronave no tripulada que busca un lugar en el agro
22deMarzode2022a las12:26La compañía fabricante de helicópteros Cicaré, propiedad de Augusto ‘Pirincho’ Cicaré e hijos, presentó junto a la pyme de servicios agrícolas Marinelli y la compañía estatal INVAP, el prototipo del helicóptero autónomo RUAS-160A con la idea de potenciar los cultivos agrícolas a través de las aplicaciones aéreas y la obtención de datos de lotes para eficientizar la producción.
De esta forma, a poco más de dos años del lanzamiento, la nueva versión de la aeronave no tripulada que busca convertirse en una de las principales herramientas tecnológicas del agro y de la seguridad del futuro, comenzó a producirse para el uso en la defensa y seguridad nacional, pero intentará encontrar mercado en el agro próximamente.
RUAS-160A
Juan Manuel Cicaré, hijo de Augusto y actual CEO de la empresa homónima, habló con Agrofy News sobre las novedades del primer helicóptero autónomo que deslumbró a todos en estos últimos dos años y los planes a futuro de la compañía fundada por su padre, quien falleció en enero pasado a sus 84 años. “Hay un camino bien marcado y allanado por el propio Augusto todavía en vida, con respecto a los nuevos desarrollos que estamos viendo. El proyecto RUAS-160A ya es una realidad y ya estamos en el inicio de la producción de la primera unidad para Santa Fe”, afirma.RUAS es el acrónimo de Rotary Unmanned Air System, lo que en español sería Sistema Aéreo No tripulado de Alas Rotativas, que se convertirá en la primera creación con capacidad de empleo dual. Es decir, que será apto para ser utilizado tanto en defensa y seguridad como para el agro. De hecho, en diciembre pasado el Gobierno autorizó la compra de este modelo de pre-serie, a través de la Resolución 1727/2021 publicada en el Boletín Oficial, con el fin de “incrementar las Capacidades de las Unidades de Superficie de Vigilancia, Reconocimiento, Búsqueda y Rescate, y Monitoreo Ambiental de la Armada Argentina (ARA)”. Por ese primer modelo se hizo un contrato por US$1.770.000 entre los fabricantes y el Ministerio de Defensa.
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Sin embargo, Juan Manuel aclara que una unidad, por ejemplo, puede alcanzar los 1,5 millones de dólares adaptado con tecnología de avanzada que aporta el INVAP. Por otra parte, con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se hizo un contrato por tres unidades, cuyo valor es de US$1,1 millones cada una y el primer desembolso se hizo en enero pasado. Además, añade que la diferencia entre un valor y el otro siempre depende del equipamiento o carga útil de las unidades. Por ejemplo, parte de la tecnología que traen son sensores y todo lo referente a la robótica, como el piloto automático.Lo mismo pasa con los equipos aptos para el agro, en donde los números irían acordes con la tecnología adoptada para ese sector. Sucede que el número que se estima para un RUAS-160A destinado al sector agrícola dista del que se puede usar en seguridad y defensa, donde hay otro tipo de tecnología a implementar. “Para una versión civil los números son más acordes a lo que es una herramienta o maquinaria agrícola”, señala. Por ejemplo, se puede comparar con el costo de una máquina pulverizadora de último modelo, con piloto automático y capacidad de sensores, que rondaría los US$ 350.000. También se puede asemejar con un avión agrícola, que está en valores similares y se hace acorde al ámbito agropecuario.
“Estamos trabajando con un buen ritmo, sostenido y bajo todas las indicaciones de innovación que había establecido Pirincho. Él dejó mucho trabajo adelantado: ensayos, pruebas y mejoras, que podían corresponder a la nueva versión del MET-3, que es la versión finalizada de lo que va a ser la serie que va a salir al mercado”, indica. Si bien los creadores del helicóptero autónomo por ahora no tienen acuerdos de mecanismos bancarios establecidos para facilitar el acceso de este equipo a los productores, no descartan hacerlo en los próximos meses, ya que están en tratativas con algunas entidades interesadas en adoptarlo. “Si seguimos en la línea apuntando al agro lo va a haber, todavía no hay nada concreto, pero estamos trabajando en eso”, adelanta.
Detalles del RUAS-160A
Si bien, el RUAS-160A tiene distintas cargas útiles que pueden utilizarse para la aplicación aérea o pulverización, la capacidad de carga útil es de 60 kilos y puede cubrir hasta 40 hectáreas por cada vuelo. El helicóptero también está capacitado para hacer hasta 5000 hectáreas de búsqueda o captación de imágenes aéreas o vuelos de prescripción. Todo eso es información que después es relevante a la hora de ir al lote y decidir la cantidad de insumos a aplicar de forma diferenciada. “Esto se hace para un menor impacto ambiental y menor huella de carbono. En este caso, no pisas el cultivo. Es el uso selectivo y eficiente de los recursos”, explica. La aeronave puede alcanzar una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Parte de la carga útil del RUAS-160 la conforman también los sensores que lo integran y que son muy adaptables a este tipo de máquinas.“Sirven para partir o pulverizar con la menor cantidad posible por hectárea. El RUAS-160A está para eso. No es una máquina que puede levantar cientos de kilos, sino que tiene que ser bien selectiva en su tiempo de operación y acompañando todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas (BPAs)”, advierte. Fue por esta elección también sobre las BPAs que recibieron el premio Ternium a la Innovación Agroindustrial. "Ahí aprovechamos para hacer varias reuniones con el sector del agro y vimos que hay un gran interés con poder hacer preacuerdos con empresas referente al RUAS-160A”, cuenta.
En esta última edición de Expoagro 2022, resalta Juan Manuel, se pudo observar la capacidad tecnológica que hay en el sector agrícola, pero que podría verse afectada por la poca previsibilidad que pueden llegar a tener los productores a la hora de apostar a la adopción de nuevas tecnologías, tras las últimas intervenciones del Gobierno en el sector agropecuario. “Esperemos que esto que pasa no se convierta en una alarma de contracción y que el productor se contraiga y en dos años no adopte tecnología. Hoy, la tecnología tiene una curvatura tan rápida que en dos años ya te queda obsoleta la que hoy es una gran adopción. Todo tiene que ir de la mano”, afirma.
En el caso de Cicaré, las proyecciones de exportación siguen siendo intactas, pero también ven de cerca al sector agropecuario dado que el impacto podría venir por el lado del mercado interno y el temor a que el campo involucione. “Si les siguen poniendo retenciones, el productor se retrotrae y es difícil que suelte la billetera y adopte estas nuevas tecnologías. Lo va a hacer si tiene capacidad de crecimiento, de rinde. Pero, a su vez, como son reglas coyunturales porque hay gobiernos que vienen y cambian de un plumazo lo que hizo el anterior, mientras que esa coyuntura no se haga algo estructural, el productor va a seguir siendo la punta de lanza en lo que es la aplicación de tecnología, aún con todo esto”, extiende.
El legado familiar
Tras el fallecimiento de Augusto, Juan Manuel y Alfonso continúan con el legado que dejó su padre, en su natal Polvaredas, provincia de Buenos Aires. Además, tienen presente que el know-how de la compañía es “Pirincho”, tal y como era conocido en la industria. “Lo va a seguir siendo, porque es algo tan específico y poco común que cualquiera que hable de Cicaré sabe que está hablando de la genialidad de Augusto, por lo que hay que sostener eso con toda la experiencia que nos pudo trasladar a nosotros, más allá de que la genialidad no se puede transmitir, aunque sí los valores”, resalta. Son los valores como el trabajo, el sacrificio, la innovación y el espíritu que hacen que la impronta del inventor autodidacta esté siempre presente en cada uno de los equipos.Es este legado que los jóvenes intentarán sostener en el futuro y la excelencia que tenía su padre. “Lo tenemos, pero no es una tarea sencilla porque hay que conservarlo en base al trabajo duro y estar en esa mejora continua. En lo que tiene que ver con lo comercial, siempre estamos viendo si hay algún cupo más amplio de exportación”, indica. La gran tracción comercial de la empresa que tiene más de medio siglo de existencia sigue siendo el productor agropecuario, ya sea pequeño, mediano o grande, pero que busca transportarse de manera rápida y eficiente para acortar las distancias en el campo. En esta línea de producción hay tres productos que están bien posicionados y que son reconocidos internacionalmente. "Nosotros ya tenemos práctica en la diaria de poder hacerlos y entregarlos, sea para el mercado local o la exportación. Son naves tripuladas, helicópteros pilotados y todo”, expresa. En este caso, saben que el camino es menos sinuoso, porque conocen las bases de la compañía que dejó fundada su padre y el papel que ocupa en el sector.
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El proyecto argentino que potabiliza agua de mar sin impacto ambiental y podría solucionar la escasez
Para obtener la energía necesaria utiliza 'hidrógeno verde', que no emite gases de efecto invernadero.
Equipo diseñado por investigadores del CONICET para potabilizar agua de mar, en Caleta Olivia, Argentina
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
En la ciudad sureña de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz (Argentina), tienen poca agua potable. El suministro se racionaliza, y hay vecinos que pueden esperar dos o tres días por cada distribución en la red zonal. Ellos saben que cuando el líquido corre, deben llenar los tanques de almacenamiento en sus hogares, para usarlo de forma responsable y austera.
Aquella zona costera, al igual que Comodoro Rivadavia, aumentó exponencialmente su población a medida que el auge petrolero se iba expandiendo en la Patagonia. A tal punto, que el recurso hídrico ya no alcanza para usarse libremente. Peor aún, el extenso acueducto de los años 60 que se conecta con el lejano lago Musters, a unos 260 kilómetros, suele deteriorarse. "La localidad ha estado casi un mes sin distribución de agua potable", repasa una lugareña, recordando las resonadas protestas del 2014 por una extensa interrupción del servicio. El conflicto persistió, en menor medida, hasta hoy.
Con ese marco, investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) empezaron a buscar alternativas en 2016, y miraron hacia el Atlántico: "La desalinización nos pareció una posible solución", le dice a RT el científico Adrián Brunini. Bajo su liderazgo, el equipo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) acaba de construir un sistema para potabilizar agua de mar, "un recurso inagotable". El mecanismo llega con la esperanza de solucionar el problema de la escasez y afirman que no genera impacto ambiental.
¿Cómo funciona?
"Nos volcamos hacia una tecnología que copia el ciclo natural del agua, que se llama deshumidificación", introduce Brunini. Se trata de un aparato donde se coloca agua marítima y se calienta "a una temperatura moderada", entre 70 y 90 grados. Es decir, "como si se usara para tomar mate", simplifica.Una vez que está caliente, se deja correr el líquido de forma similar a una ducha, y hay que ponerlo en contacto con una corriente de aire. Así, se obtiene aire húmedo, que absorbió solamente agua, sin sal. Aquel resultado gaseoso debe transformarse nuevamente en un estado líquido, dentro de un aparato llamado condensador, y listo, se consigue "agua ultra pura". Así, por cada litro de agua de mar, se puede obtener un 10 % para su consumo, y el resto regresa al océano.
El entrevistado aclara que este procedimiento es distinto a una destilación: "No es que hervís el agua, generás vapor y después condensás ese vapor. Eso es muy costoso desde el punto de vista energético", señala. Es que, el gran dilema ambiental para lograr la potabilización, es cómo se calienta el agua de mar. A fines prácticos, el calor puede obtenerse con gas u otro tipo de combustible fósil, pero ello "genera gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático". Entonces, pensando en el mañana, se necesita otra fuente de energía.
Una variante podría ser el sol, pero se limitaría demasiado la productividad: "No podés calentar grandes caudales de agua, necesitarías invertir en conectores solares inmensos", descarta el experto. Así, la idea de usar calderas que funcionen con hidrógeno comenzó a cobrar fuerza.
"El combustible más energético de la naturaleza"
Al igual que el gas, este elemento produce una llama al mezclarse con el oxígeno. Su principal ventaja es que no daña el ambiente, porque la combustión genera vapor de agua. Además, "es el combustible más energético que hay en la naturaleza", remarca el académico, ya que "con poco volumen se genera mucho calor". En efecto, para producir un litro de agua potable con este sistema, solo se necesitan 18 gramos de hidrógeno, una cantidad baja.La gran desventaja, es que todavía no hay en el mercado quemadores que funcionen con esta fuente energética. Se trata de instrumentos que siguen la misma lógica de una típica hornalla de cocina, y se necesitan: "El problema con el hidrógeno es la seguridad, la llama se produce muy rápido, con una velocidad de combustión altísima. Como la nafta, es mucho más explosivo que el gas natural", detalla el entendido.
Y agrega: "Recién ahora que el hidrógeno se posiciona como el combustible del futuro, algunas empresas de Europa y EE.UU. han comenzado a desarrollar quemadores". Entre tanto, Brunini y su equipo, junto a ingenieros de la ciudad de La Plata, se pusieron manos a la obra para diseñar uno propio. "Pensamos que este año lo vamos a poder construir", confía.
¿Se puede pensar a gran escala?
"Todo depende de los costos en la generación de hidrógeno, pero se puede", contesta el hombre del CONICET. "No hay ningún inconveniente en extenderlo a la escala que uno quiera", agrega. Actualmente, el proyecto solo tiene equipamientos pequeños, de laboratorio, que pueden dar 10 litros de agua potable por hora. Para pensar en algo grande, que pueda responder a mayores demandas, se necesitarían equipos más prominentes.La clave, opina Brunini, sería "abaratar los gastos de producción de hidrógeno, que todavía es caro". Igualmente, "se piensa que en los próximos cinco años los costos se van a reducir a la mitad, entonces no habría ningún problema en escalar los equipamientos".
De todos modos, la innovación ya está llamando la atención y las oficinas de vinculación del CONICET y la universidad sureña están haciendo contactos con empresas y cooperativas que puedan requerir este equipamiento. "Tiene aplicaciones que van más allá de la desalinización del agua de mar, es posible hacerlo con otras aguas, como de desechos de industrias", indica.
Un ejemplo claro es el sector petrolero: "Cuando se extrae petróleo en el Golfo de San Jorge [una de las fuentes de crudo más grandes del país], un 10 % es petróleo y el resto es agua ultra salada, mucho más que el mar. No hay tecnología capaz de desalinizar esa agua, pero la nuestra sí puede". Al respecto, ya hay conversaciones avanzandas con la Municipalidad de Cañadón Seco.
https://actualidad.rt.com/actualidad/419736-proyecto-argentino-potabilizar-agua-mar-escasez
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Asistencia nuclear argentina a China
Nucleoeléctrica Argentina firmó un contrato para brindar asistencia técnica a la Central Nuclear de Qinshan 3. Nucleoeléctrica pone a disposición la experiencia adquirida durante la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, una de las obras de ingeniería más importantes del país.En este caso, la empresa brinda asesoramiento en el retubado del reactor de la Central Nuclear de Qinshan 3 de China, que se encuentra comenzando la fase 1 del proyecto para su reacondicionamiento.
El retubado es un proceso clave de la extensión de vida de las centrales del tipo Candu, que consiste en la remoción de los componentes principales que conforman el reactor y su reemplazo por nuevos componentes.
Patricia Salvetti y Franco Borghetti, quienes se desempeñaron en la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, se encuentran trabajando en este nuevo desafío. Ambos son miembros de la Gerencia Servicios para Centrales, de Nucleoeléctrica Argentina, sector que ya cuenta con la experiencia de haber brindado asistencia técnica a otras plantas del exterior.
El contrato con la Corporación Nuclear Nacional China y la primera orden de trabajo fueron firmados el año pasado. En esta primera etapa, Patricia, Franco y un grupo multidisciplinario trabajaron en la revisión y preparación de la documentación requerida desde China, la cual ya fue enviada. En una próxima fase, está contemplado que miembros de Nucleoeléctrica viajen al país asiático para trabajar in situ en la central.
“Brindar asistencia a una potencia en el campo de la energía nuclear como China nos llena de orgullo y nos posiciona en el mundo como referentes”, señala Patricia.
Además de la asistencia técnica, el paquete de servicios incluye asesoramiento en el manejo del capital humano y recursos, lo que resulta novedoso en este tipo de contrataciones.
Nucleoeléctrica Argentina es la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse.
También, de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista de la energía producida por sus plantas y del gerenciamiento de proyectos que aseguren la normal operación de sus instalaciones, así como también de la construcción de dos centrales nucleares en territorio nacional y otros proyectos en el país o en el exterior derivados de la participación nuclear en la transición energética
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CICARE Dream Believe Fly
Seguimos enviando nuestros productos a Oceanía, en este caso un Cicaré 7B con destino a Australia, un mercado que se lleva casi el 20% de nuestras exportaciones totales y uno de los países con mayor número de helicópteros per capita del mundo. Muchas gracias a nuestros clientes y a todo el equipo de Cicaré por hacer esto posible!
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Tengo una pregunta amigos. ¿Cuál es la razón por la cual los helicópteros de Cicaré no son los helicópteros para formar a los helicopteristas de la Armada, Fuerza Aérea y Aviación del Ejército Argentinos?
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porque Argentina no hay otra razon
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@caronte dijo en Tecnología e industria Nacional:
Tengo una pregunta amigos. ¿Cuál es la razón por la cual los helicópteros de Cicaré no son los helicópteros para formar a los helicopteristas de la Armada, Fuerza Aérea y Aviación del Ejército Argentinos?
Los simuladores de Cicaré se usan en aviación del ejército
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@julio-ricardo-mosle dijo en Tecnología e industria Nacional:
@caronte dijo en Tecnología e industria Nacional:
Tengo una pregunta amigos. ¿Cuál es la razón por la cual los helicópteros de Cicaré no son los helicópteros para formar a los helicopteristas de la Armada, Fuerza Aérea y Aviación del Ejército Argentinos?
Los simuladores de Cicaré se usan en aviación del ejército
Simuladores o entrenadores?
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Cierto, simuladores fijos o helicópteros de entrenamiento?
23 DE MAYO, 2021 | 00.05
IMPSA, historia de una capitalización y su potencial clave.
Por CLAUDIO SCALETTA
Ya está todo listo para que esta semana, si el Covid no mete la cola, el gobierno anuncie el ingreso mayoritario al capital accionario de IMPSA, empresa que llegó a ser una de las tres principales multinacionales argentinas, junto con Techint y Arcor, pero que estaba a punto de ser liquidada por sus acreedores
La decisión de tomar el control de la firma no fue el resultado de un plan preexistente o de la voluntad de ganar relevancia estatal en un sector considerado clave, como fue el caso de YPF o como podría ser la reestatización de alguna distribuidora energética, sino una evaluación de oportunidad frente a la situación financiera crítica de la empresa.
La historia de la estatización comenzó a partir del pasado agosto, cuando llegó al Ministerio de Producción una nota de pedido de ayuda de la firma frente a un panorama financiero que podía llevarla a la quiebra.
IMPSA venía de un proceso de internacionalización fallida en Brasil y Venezuela. Al primero de los dos países ingresó para aprovechar un esquema financiero atractivo para la inversión en energías renovables. Para ello crearon IMPSA Brasil e instalaron un parque eólico, pero tuvieron dificultades con la tecnología que importaban desde Alemania para sus aerogeneradores. Por trayectoria y experiencia la empresa es competitiva en energía hidroeléctrica, específicamente en el diseño, construcción y mantenimiento de turbinas. En Venezuela ingresaron en la instalación de 10 turbinas para la gigantesca represa de Tocoma. Tanto por los problemas tecnológicos en Brasil, como por los cambios geopolíticos en la región la expansión a estos países fracasó. Los trabajos en Venezuela se paralizaron y los pagos adeudados por este país pasaron a incobrables.
La expansión fallida llevó los pasivos, redondeando números, de 250 a 1000 millones de dólares para 2015, lo que dio lugar a la primera reestructuración. En este proceso primó el criterio de los acreedores que ya controlaban el capital accionario a través de un fideicomiso. Normalmente los acreedores intentan minimizar las quitas de capital y los accionistas maximizarlas para que la empresa vuelva a ser rentable. Con acreedores accionistas lo que se obtuvo fue una solución de compromiso con una quita nominal del 50 por ciento, pero con una tasa de interés altísima del 10 por ciento anual y pagos que comenzaban en 2019. El objetivo real de los acreedores, los nuevos dueños, era en realidad vender la empresa. En el período 2016-17 aparecieron algunos interesados como Pampa Energía y el grupo Techint. En 2018-19 se sumó José Luis Manzano, pero finalmente ninguna de las ofertas prosperó.
Para entonces el principal ingreso que le quedaba a la empresa eran sus trabajos en Yacyretá, más unos pocos contratos con la CONEA, y algunas construcciones de grandes grúas para los movimientos de contenedores en terminales portuarias, otra área en la que IMPSA tiene competitividad diferencial, aunque su situación de deuda le dificultaba conseguir avales para las licitaciones internacionales. La consecuencia inmediata fue que con bajos ingresos en función a su estructura y obligaciones la empresa se fue quedando sin capital de trabajo.
Con este panorama comenzó la interacción con el Ministerio de Producción. La visión oficial fue que IMPSA era una empresa estratégica que había acumulado un importante know how diferencial en sus mercados específicos, especialmente en hidroelectricidad y que estaba bajo riesgo de desguace y desaparición. Sin embargo debe recordarse que en agosto pasado persistía todavía entre los funcionarios la sombra del fallido intento de rescate a Vicentín y nadie en las primeras líneas del gobierno quería escuchar hablar de estatizaciones. De alguna manera la experiencia de Vicentín funcionó como espejo invertido, como guía de qué no hacer durante el proceso. La decisión política fue que el Estado intervenga, pero no como socio bobo.
Para evaluar la situación de la IMPSA y cómo avanzar en el rescate en el Ministerio de Producción se formaron dos equipos ad hoc, uno de contadores y economistas y otro de abogados, cuyos trabajos se plasmaron en un informe de 200 páginas.
Lo primero que se detectó fue el “riesgo CIADI”, el tribunal bombero del Banco Mundial para los diferendos sobre inversiones que siempre falla en contra de los Estados. El acreedor principal, el grupo chileno Moneda, era propietario de un bono internacional bajo ley Nueva York en cuyo contrato existía una “cláusula antiexpropiación” que decía que si entraba el Estado, la deuda regresaba a las condiciones previas a la reestructuración, es decir que se duplicaba, ya que había sufrido una quita nominal del 50 por ciento. Otros acreedores eran el Banco Nación y en menor medida el BICE, lo que no representaba un problema para el rescate.
Sobre la base del citado informe oficial se decidió un plan de tres etapas. La primera era una reestructuración de la deuda con objetivos de mínima. Debía eliminarse el riesgo CIADI, es decir las cláusulas del bono internacional, reducirse los intereses del 10 por ciento anual en promedio a 1,5 y obtener dos plazos de gracia, hasta 2025 para los intereses y hasta 2028 para el capital, el que se pagaría a partir de entonces en 10 cuotas anuales. Si esto se conseguía se avanzaría a la segunda etapa en la que el Estado comenzaría a pagar, a partir de diciembre de 2020, el 75 por ciento de los salarios directamente en la cuenta de los trabajadores. La tercera etapa sería finalmente la estatización. Aunque para evitar polvareda ideológica, los funcionarios de Producción prefirieron siempre utilizar el eufemismo “capitalización”. En este punto se evaluó dejar que la empresa quiebre para que luego ingrese el Estado, pero eso significaba depender de un juez (el espejo Vicentín) y de un proceso judicial de dos o tres años en el que la firma seguramente desaparecería.
El plan de tres etapas se fue cumpliendo. En noviembre se aprobó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que plasmó las nuevas condiciones de la deuda sobre la base de las condiciones mínimas establecidas, lo que le permitió a la empresa ingresar a la etapa dos, el “Programa asistencia a empresas estratégicas para la reestructuración de pasivos” (PAEERP) que paga el 75 por ciento de los salarios por cuatro meses, extensibles a seis. El PAEERP es un programa modelo que en adelante brindará una herramienta de rescate para empresas consideradas estratégicas (resolución 551/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo). Desde diciembre el Estado nombró al presidente de la Empresa, que es uno de los tres directores, y a un síndico. Actualmente los otros dos directores corresponden uno al grupo Moneda y otro a la familia Pescarmona, lo que cambiará con la nueva composición accionaria. El presidente saliente había sido puesto vía Banco Nación por Mauricio Macri.
La etapa que concluirá esta semana es la de la “capitalización”. Los funcionarios debieron resolver cuánto dinero pondría el Estado y a cambio de qué. El cálculo se estableció sobre la base de las necesidades de capital de trabajo de la empresa hasta recuperar, con la potencial expansión, nuevos niveles de equilibrio y autosuficiencia. La cifra estimada resultante fue el equivalente a 20 millones de dólares. También se decidió que a cambio se recibirían acciones en proporción al valor patrimonial del paquete. Para ello se pidieron cotizaciones a la consultora internacional Deloitte, al Tribunal de Tasasiones patrimoniales, que es un órgano del Poder Ejecutivo, y al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses, consultas de la que surgió que el aporte decidido era equivalente al 84 por ciento de las acciones.
Con esta información se avanzó en una segunda enseñanza de la experiencia Vicentín. Era necesario evitar que la llamada “grieta política” interfiera en lo que a esta altura se había convertido en una decisión estratégica. Como IMPSA es una empresa de origen mendocino con plantas en esa provincia se invitó al Estado provincial a participar del proceso y del capital accionario. De esta manera, dado que Mendoza es gobernada por la principal fuerza opositora, se neutralizaba un conflicto político potencial evitando que Juntos por el Cambio transforme la “capitalización” en otro casus belli. El resultado fue que Mendoza aportará 5 millones de dólares por el 21 por ciento del capital, aporte que fue aprobado por ley provincial, y Nación 15 millones por el 63 por ciento del capital. La Asamblea de accionistas de IMPSA ya aprobó el ingreso de los dos Estados. 5 por ciento seguirá en manos de la familia Pescarmona y el resto se repartirá entre los acreedores. El objetivo de quienes condujeron el proceso desde el Ministerio de Producción está ahora en el management. El modelo es INVAP, una firma estatal, con algunos directores estatales, pero con una gerencia absolutamente profesional.
El balance preliminar deja algunas enseñanzas. La principal es que sin el trabajo y el poder de negociación estatal no habría sido posible reestructurar tan duramente los pasivos. El rescate fueron diez meses de tarea silenciosa compartida entre varias agencias públicas, Producción, INTI (que realizó la evaluación tecnológica), FGS, Tribunal de tasaciones y el gobierno radical de Mendoza. A partir del saneamiento financiero y la participación estatal será posible reabrir los mercados internacionales, donde IMPSA continúa muy competitiva a pesar de la reciente descapitalización. También se podrá ampliar el mercado local, donde la mira esta puesta las concesiones otorgadas en los noventa de las principales represas hidroeléctricas que vencen en 2023 y que hoy están en manos de empresas como la italiana Enel, la dueña de Edesur, Pampa Energía, la estadounidense AES y Sadesa. Estas represas requieren adicionalmente comenzar a actualizar la vida útil de sus turbinas, con ampliación en la capacidad de generación, un negocio multimillonario por supuesto muchas veces superior al monto que hoy se aporta para estatizar la empresa. Dicho sea de paso, contando con una firma estatal local no sería necesario contratar a ninguna de las pocas empresas extranjeras que hoy tienen esta capacidad en el mundo. Dicho de otra manera, el fin de las concesiones y la existencia de una empresa como IMPSA, con un fuerte conocimiento técnico, supone disponer localmente de capacidades suficientes para pensar en nuevas asociaciones, por ejemplo con YPF y IEASA, para crear una empresa estatal que se quede con las concesiones a partir del 2023 revirtiendo las privatizaciones de los ’90.
Finalmente, la hidroeléctrica no es la única área en la que es fuerte IMPSA, también está la posibilidad de completar el desarrollo tecnológico de un aerogenerador local, por ejemplo junto a INTI e INVAP, con miras a la ampliación de la generación eólica, así como seguir con los desarrollos nucleares, en los que la empresa generó capacidades de ingeniería en la construcción de recipientes para residuos radioactivos.
Fuente: El Destape
